LyD advierte que proyecto de ley de migraciones no define una política de Estado


Una crítica evaluación del proyecto de ley de Migración y Extranjería, enviado por el gobierno al Parlamento en junio del año pasado, realizó el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) a través de un estudio en el que consigna que si bien la iniciativa “se hace cargo de las nuevas tendencias en este tipo de políticas”, también deja “diversos temas pendientes”.

Dichos aspectos, que “pueden ser parte del proceso de discusión legislativa en el Congreso”, concluye el análisis, son entre otras “avanzar en materias de flexibilidad laboral -tema relevante de forma transversal y no sólo para extranjeros- y la priorización de trámites de visas de migrantes con mayor nivel de capacitación, comparable a lo realizado por países desarrollados que entregan un sistema de puntos para facilitar los procesos”.

Asimismo, el estudio de autoría de Álvaro Bellolio, coordinador del Programa Sociedad y Política del LyD, afirma que si bien el proyecto “se enmarca principalmente en mejorar la institucionalidad existente, deja a discrecionalidad del gobierno de turno la definición y ejecución de la política pública migratoria, lo que abre la discusión si las políticas migratorias son políticas de Estado o dependen de la visión y el énfasis del gobernante electo”.

En ese sentido, también se establece que “para una primera instancia es razonable en las condiciones en que se plantea, dejando la política migratoria para un futuro Consejo de Ministros, pero el proyecto no fija los estímulos para captar de mejor manera la oportunidad de atraer inmigrantes calificados, ya sea por razones económicas, estabilidad institucional o ventajas climáticas y demográficas”.

Además se afirma que aún cuando “la nueva legislación es necesaria”, también “plantea desafíos importantes a futuro, muchos de los cuales han sido comentados por la OCDE, sobre la necesidad de generar ciertas condiciones de selectividad para las migraciones, y definir cuál debe ser la relación de los migrantes con los servicios sociales que entrega el país, especialmente en temas de educación y salud, donde la ley deja a discrecionalidad de la política pública de turno el establecer esta normativa, que en el caso europeo, específicamente de España, ha probado ser un tema relevante sobre leyes sobre migraciones y extranjeros”.